¿Estamos jugando a la papa caliente?

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En una declaración del vicepresidente de gobierno a inicios de diciembre de 2012, en un encuentro con los principales dirigentes de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco), y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), fue enfático al señalar que se tiene el reto de contar de 7 a 10 millones de hectáreas de tierras productivas hasta el 2025. “En nuestra industria cruceña hay que ampliar la frontera agrícola, vamos a pelear compañeros de la CAO de la Cainco para que se amplíe la frontera agrícola, que se proteja áreas de bosques, que se tomen recaudos para crear cortinas contra el viento contra erosión hay que hacerlo, pero eso tiene que ir a la par de la ampliación de la frontera agrícola para mejores alimentos, mejores exportaciones, más trabajo para nuestro país”, (El Deber, 6/1272012), sostuvo.

De los 4 millones 641 mil hectáreas deforestadas a la fecha, cerca de 370.621 son bosques protegidos, según demuestra el análisis de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación cruceña. El documento advierte que de ampliarse la frontera agrícola en los términos como plantea la citada autoridad, evidentemente para el 2025 en el departamento de Santa Cruz 10 millones de hectáreas serían deforestadas. El departamento cruceño cuenta con 32 reservas forestales, áreas ecológicas consolidadas de las 129 que existen a nivel nacional, representan 25.5 millones de hectáreas de todo el territorio boliviano. La Gobernación solo administra 15, de las cuales siete son departamentales y 8 corresponden a los municipios.

El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Manlio Roca, dio a conocer que la deforestación ha afectado a áreas protegidas, como la reserva forestal de Guarayos, cuya superficie total es de 1.005.526 hectáreas y al 2013 el 25% ya está deforestado. En el caso de la reserva de El Choré, con una superficie total de 868.367,42 hectáreas, la deforestación supera las 60 mil hectáreas.

El sector empresarial-productivo, sin medir más o menos hectáreas que serían desmontadas, mostró su beneplácito por el pronunciamiento gubernamental de trabajar de manera conjunta entre el sector público y privado para producir más alimentos hacia el 2025, y el país pueda autoabastecerse, además de exportar productos con valor agregado. Sin embargo dejaron en claro que para ese propósito el sector privado necesita políticas claras y específicas para ampliar la frontera agrícola de 3,5 a 8 millones de hectáreas el 2025, y el país pase a producir de 15 a 45 millones de toneladas de alimentos.

De acuerdo a Manlio Roca, las reservas forestales y áreas protegidas han sido afectados durante los últimos 5 años, por el incremento de los avasallamientos, deforestaciones, plantaciones de coca y explotación minera. “Falta control del Gobierno Central; sin embargo, la Gobernación continúa ejecutando políticas en defensa del medio ambiente y la biodiversidad”. Fuentes de la gobernación cruceña, dan cuenta que pese a estos esfuerzos se tiene información que en la zona del Choré existen 77 sindicatos, aproximadamente 7.000 familias afiliadas, que harían un total de 35.000 personas, de las cuales solo el 20% tienen presencia semipermanente. Algunos sindicatos actualmente exigen la titulación, basado en una promesa electoral realizada por el partido de gobierno en las últimas elecciones. Si esta exigencia de titulación es satisfecha, del total de 868,367.42 hectáreas en la Reserva Forestal solo quedaría una extensión de 114.478 hectáreas.

El Choré enfrenta los siguientes riesgos: Pérdida de la capacidad generadora de los servicios ambientales por las quemas y desmontes indiscriminados que reducen la cobertura boscosa, originan una baja en la cantidad de lluvias que afectaría el almacenamiento de los ríos y lagos subterráneos; Titulación de áreas de la Reserva Forestal el Choré, a los asentamientos ilegales; el cambio de uso de suelos (uso forestal a uso agrícola) que afecta el equilibrio ecológico; avasallamientos y asentamientos ilegales; de éstos, el 80% son gente del Chapare que acostumbran sembrar coca, lo que origina la propagación de plantaciones de la hoja y el incremento del narcotráfico. También se ha intensificado la piratería y depredación de maderas preciosas; la cacería y pesca indiscriminada de la fauna silvestre, por los asentamientos ilegales.

En la Reserva Forestal de El Choré y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Amboró, la Gobernación verificó plantaciones ilegales de coca. Los daños causados fueron remitidos a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), al Viceministerio de Tierras y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). “Todas las instancias del Estado y la opinión pública conocen estas denuncias por parte de la Gobernación, pero lamentamos que hasta la fecha las instancias correspondientes no realicen absolutamente nada contra estos ilícitos. Esto significa una ausencia total del Estado en la ejecución de políticas claras en defensa del medio ambiente”, refiere Roca.

Dos discursos diferentes

La propuesta oficial no parece ser el resultado de una investigación y extensión tecnológica del medio ambiente y, por lo tanto, tampoco de Gestión Ambiental, Territorial, y de Riesgo para la preservación de la Biodiversidad, de un manejo sostenible de los recursos forestales, para proteger, conservar y preservar el patrimonio maderable y no maderable del Departamento. Es así que de forma autocrática el gobernante Morales Ayma quiso imponer la construcción de la carretera por en medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), que es un área protegida, carecía a todas luces de un estudio serio de manejo integral medioambiental, de cuencas y micro-cuencas. La evidencia fue que en las inundaciones de la primera mitad del año en curso las aguas desbordadas arrasaron justamente en el trazo de la controvertida carretera, según informes de la CIDOB.

Mientras el discurso de García Linera es eminentemente político y la propuesta paradójicamente adversa a la protección de la floresta y su biodiversidad, Manlio Roca apunta a que “los bosques protegen y aseguran el agua para la zona productiva más importante de Santa Cruz (el Norte Integrado); también contribuyen a la recarga de acuíferos que nutren las fuentes de agua de la región metropolitana de la región; la floresta genera lluvias que benefician a más de 24 municipios agropecuarios, lo que representa entre aproximadamente el 70 por ciento de la seguridad alimentaria del país”.

De las determinaciones que adopten los decisores de políticas de estado en el ámbito del Cambio Climático, pende el futuro de las siguientes generaciones de la población boliviana. De todas maneras en el Evento Público que mencionamos más arriba, a la hora del debate no se vio en la testera a ningún representante del Gobierno Central. ¡Qué lástima que materias tan importantes para Bolivia como es el Medioambiente, la Protección de las Reservas Forestales y el Cambio Climático tengan dos visiones distintas en el país: Una, político-demagógica del Gobierno Central; y otra, técnica y responsable del Gobierno Departamental cruceño. En todo caso, en un país donde pocas cosas se realizan con la seriedad y responsabilidad necesarias, este último nivel de gobierno parece estar en el camino correcto.

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Una critica pertinente al siguiente artículo (Discurso de Manlio Roca) de la más constructiva posible;

(Sobre el doble discurso del Gobierno Central, hablaremos en otra publicación especial)

Realmente, la falta de control y fiscalización en la protección del medio ambiente en todos los ámbitos de gobierno es una realidad inminente, pero hablar como Gobernador que: “…Falta control del Gobierno Central; sin embargo, la Gobernación continúa ejecutando políticas en defensa del medio ambiente y la biodiversidad…”. Cuál es la política más efectiva que podría implementar el Gobernación? Que sus política no se queden como políticas, que exista acción y verdadero compromiso con la aplicabilidad de la legislación ambiental.

Manlio continúa: “…Los daños causados fueron remitidos a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), al Viceministerio de Tierras y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)…”. Y por que no pone sus denuncia a la secretaría de Medio Ambiente que el dirige? Por que no cuenta con ningún instrumento que pueda solucionar el problema que plantea.

Pero por que la Gobernación no ha podido desarrollar en el marco de sus competencias, un cuerpo técnico normativo de que aferrarse cuando se encuentra en casos que comprometa la degradación del medio ambiente, recursos naturales y patrimonios naturales de interés colectivos?

Por que no ejerce la autonomía departamental? En su verdadera magnitud exploratoria y legítima a los intereses de todo un departamento.

Por que la Gobernación, no desarrolla e implementa una ley departamental de ordenamiento territorial, y que actúe de oficio frente a las amenazas que tanto preocupa el equilibrio de nuestros ecosistemas? La figura es clara, cuando se habla del uso de suelo. Acaso no existe el PLUS?

Donde quedó el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial?

Existen intereses económicos, para que no se implementen estos instrumentos de fiscalización y control?

Estamos jugando a la papa caliente?